¿Pliegos a la medida en Pereira? Millonaria licitación desata polémica por el Palacio Municipal
El Palacio Municipal está en el centro de la controversia. Una denuncia cuestiona equipos tecnológicos previstos para el edificio evacuado.

Una contratación de la Alcaldía de Pereira se convirtió en centro de una controversia que llegó a las tendencias de las redes sociales. La discusión gira alrededor de una licitación pública por $ 18.877 millones para prestar el servicio de vigilancia en las dependencias de la Administración Municipal.
La polémica surgió después de que la veeduría Interveen Intervención Veedora Nacional presentara una queja formal en la que advierte posibles irregularidades en las condiciones del proceso. Entre sus cuestionamientos están los requisitos que tendrían que cumplir los participantes y la destinación de recursos para instalar equipos tecnológicos en el Palacio Municipal.
El caso tomó mayor relevancia porque el edificio tuvo que ser evacuado después del sismo del pasado 10 de agosto, situación que obligó a trasladar temporalmente varias dependencias de la Alcaldía.
¿Por qué cuestionan la licitación de vigilancia en Pereira?
El proceso, identificado con el número SMGA-LP-220-2026, contempla la contratación de vigilancia privada sin armas, servicio canino y medios tecnológicos para las instalaciones de la Administración Municipal.
De acuerdo con la información publicada sobre la denuncia, la licitación recibió una sola propuesta, presentada por Estatal de Seguridad Ltda., empresa que actualmente presta el servicio de vigilancia para la Alcaldía de Pereira.
La veeduría considera que varias condiciones establecidas en los pliegos podrían restringir la participación de otras compañías y favorecer al actual contratista.
Entre los requisitos cuestionados aparecen la exigencia de contar con una central de monitoreo en Pereira, un establecimiento de comercio con al menos diez años de antigüedad en el área metropolitana y una sede canina autorizada en esa misma zona.
También se cuestionó la obligación de acreditar una nómina de 316 guardas vinculados en Risaralda durante los seis meses anteriores al proceso.
Para Interveen, este conjunto de condiciones podría limitar la pluralidad de oferentes. Sin embargo, será necesario que los organismos de control revisen los documentos y determinen si existieron restricciones indebidas a la competencia.
Palacio Municipal: la exigencia que desató otra controversia
Uno de los aspectos que más llamó la atención en la denuncia tiene que ver con los equipos tecnológicos que se pretenden instalar en el Palacio Municipal de Pereira.
El pliego contempla la instalación de 45 cámaras de seguridad, torniquetes con controles biométricos y un centro de datos en el edificio.
El problema señalado por la veeduría es que estas instalaciones fueron contempladas para una edificación que permanece evacuada después del movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026.
Según la denuncia, los documentos del proceso ubican parte de estos equipos en el segundo piso y distribuyen cámaras entre los pisos dos y nueve. Sin embargo, la propia Administración reconoce que varias dependencias fueron trasladadas temporalmente y que las condiciones de sus nuevas sedes todavía pueden variar.
Para la veeduría, esta situación genera interrogantes sobre la pertinencia de contratar e instalar tecnología cuya ubicación definitiva no estaría claramente establecida.
El cuestionamiento no se refiere a la necesidad de mantener vigilancia en las dependencias públicas, sino a la planeación y destinación de los recursos para los equipos tecnológicos.
Los $9.599 millones que también están en discusión
La denuncia también puso la atención sobre los recursos presupuestales destinados al contrato.
Según la revisión de Interveen, el Concejo de Pereira autorizó vigencias futuras por $25.985 millones para 2027, mientras que el estudio previo de la contratación estableció una necesidad de $16.386 millones para ese periodo.
La diferencia sería de aproximadamente $9.599 millones, equivalente al 58,6 % de la necesidad calculada, de acuerdo con los documentos revisados por la veeduría.
La organización considera que el expediente no justificaría suficientemente ese excedente y pidió que se revisen los soportes presupuestales y administrativos.
Además, cuestionó diferencias entre las cifras consignadas en algunos documentos de la licitación, por lo que solicitó una verificación de los recursos disponibles para financiar el contrato.
Estos señalamientos hacen parte de la queja presentada por la veeduría y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
¿Qué pidió la veeduría sobre los llamados pliegos amarrados?
Ante los cuestionamientos, Interveen solicitó suspender el procedimiento de contratación, revocar la resolución de apertura de la licitación y declarar desierto el proceso.
La queja fue dirigida al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y a diferentes organismos de control, entre ellos la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
También pidió revisar las condiciones habilitantes, los criterios de puntuación, la planeación presupuestal y los requisitos tecnológicos establecidos para la prestación del servicio.
La controversia, que se ha difundido en redes sociales bajo etiquetas como #PliegosAmarradosPereira y referencias al Palacio Municipal, pone sobre la mesa preguntas sobre la transparencia y la competencia en la contratación pública de la capital de Risaralda.
Por ahora, los señalamientos corresponden a una denuncia ciudadana. La eventual existencia de irregularidades deberá ser establecida por los organismos de control y las autoridades competentes, mientras se espera conocer la respuesta de la Alcaldía de Pereira frente a los cuestionamientos.

