Qué dice el proyecto de ley que busca endurecer sanciones y multas a pasajeros como Yeferson Cossio
Durante un vuelo de Avianca, el creador de contenido realizó una broma que consistió en liberar un olor químico dentro de la cabina.

El influencer Yeferson Cossio protagonizó un nuevo episodio que encendió las alarmas en la aviación colombiana pues durante un vuelo de Avianca entre Bogotá y Madrid, realizó una broma que consistió en liberar un olor químico dentro de la cabina, generando incomodidad y tensión entre pasajeros y tripulación en pleno trayecto internacional.
La reacción de la aerolínea no tardó y canceló su vuelo de regreso, dio por terminado el contrato de transporte y anunció acciones legales, argumentando que se trató de un comportamiento que afectó el orden y la seguridad a bordo. El caso, más allá del personaje, volvió a poner sobre la mesa un problema creciente que es el aumento de pasajeros disruptivos en Colombia.
Durante 2025, la aerolínea Avianca reportó 572 incidentes de pasajeros disruptivos, una cifra que encendió las alarmas en el sector. El dato no es menor pues representa un incremento del 27,1 % frente a 2024, cuando se registraron 450 casos, evidenciando una tendencia sostenida al alza en comportamientos que van desde agresiones verbales hasta situaciones que comprometen la operación aérea
¿Qué dice el proyecto de ley?
En medio de este contexto, el Congreso estudia el Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa que busca establecer reglas más estrictas frente a este tipo de comportamientos. La propuesta surge impulsada por el sector aéreo, que advierte que el marco actual es débil, disperso y poco efectivo para frenar estos incidentes.
El proyecto parte de una idea central y es que lo que ocurre dentro de un avión no puede seguir tratándose como un simple problema de convivencia, pues son situaciones que pueden escalar rápidamente y comprometer la seguridad aérea, por lo que requieren sanciones más claras, más fuertes y aplicables.
Uno de los puntos más relevantes es el endurecimiento de las multas y la intención es que las sanciones económicas dejen de ser simbólicas y se conviertan en un verdadero elemento disuasivo. Hoy, muchos casos terminan sin consecuencias contundentes, lo que ha permitido que el problema crezca.
Avianca (@avianca), solicitó al Congreso de la República avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley 153 de 2025, una medida que permitiría endurecer las sanciones contra pasajeros, que, por medio de sus conductas, vulneran los derechos del personal aeronáutico y que permitiría… pic.twitter.com/WkLMPvBURP
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 19, 2026
Otro aspecto clave es la responsabilidad económica del pasajero. El proyecto abre la posibilidad de que quien genere un incidente deba asumir los costos derivados de su conducta y esto incluye retrasos, afectaciones operativas e incluso desvíos o aterrizajes no programados, que pueden representar pérdidas millonarias.
También se plantea la posibilidad de restringir el acceso al transporte aéreo a personas reincidentes, lo que implicaría, en la práctica, que un pasajero disruptivo podría enfrentar limitaciones para volver a volar, una medida que busca proteger la operación y prevenir nuevos incidentes.
Además, la iniciativa contempla que los casos más graves puedan escalar al ámbito penal, especialmente cuando haya agresiones o situaciones que pongan en riesgo la seguridad del vuelo. En ese sentido, el pasajero disruptivo dejaría de ser visto como un usuario problemático para ser tratado como un infractor de mayor gravedad.
¿Cómo funcionan hoy las sanciones en Colombia?
Actualmente, Colombia no cuenta con una ley específica para pasajeros disruptivos. Las sanciones existen, pero están distribuidas en diferentes normas y no responden a una política integral.

Yeferson Cossio causó caos en vuelo de Avianca Tomada de redes sociales
La Aeronáutica Civil puede imponer multas administrativas de hasta 15 SMMLV por incumplir las reglas del transporte aéreo, mientras que las aerolíneas tienen la facultad de cancelar el contrato de transporte o negar el embarque. En casos más graves, las conductas pueden derivar en procesos penales si se configuran delitos como agresiones o amenazas.
Sin embargo, este esquema tiene limitaciones claras pues no existe un sistema unificado, las sanciones no siempre son ejemplares y, en muchos casos, los costos derivados de los incidentes terminan siendo asumidos por las aerolíneas. Esto ha generado un vacío que el proyecto de ley busca llenar.
¿Qué está pidiendo Avianca?
En medio del aumento de estos casos, Avianca ha sido una de las voces más insistentes en pedir cambios y sostiene que se necesita un marco legal más sólido que permita actuar con mayor contundencia frente a los pasajeros disruptivos.
El argumento principal es que un avión no es un espacio cualquiera, sino que se trata de un entorno controlado, en altura y con condiciones específicas donde cualquier alteración puede escalar rápidamente. Por eso, considera que las herramientas actuales no son suficientes para garantizar la seguridad.
Además, la compañía ha advertido sobre el impacto económico de estos comportamientos pues un solo incidente puede afectar toda la operación, generar retrasos en cadena y costos que hoy no siempre pueden ser trasladados a quien los provoca.
El Proyecto de Ley 153 de 2025 ya inició su trámite en el Congreso y ha superado sus primeras etapas de discusión. Sin embargo, aún no ha sido aprobado y debe continuar su curso legislativo antes de convertirse en ley.
Esto significa que, por ahora, las autoridades y las aerolíneas siguen operando bajo el esquema actual, mientras el sector insiste en la necesidad de acelerar su aprobación. La discusión sigue abierta y será clave para definir cómo se enfrentará este problema en los próximos años.
Un caso que reabre un debate de fondo
El episodio protagonizado por Yeferson Cossio no solo generó polémica en redes sociales, sino que puso en evidencia una realidad que va en aumento. Los pasajeros disruptivos ya no son casos aislados, sino un fenómeno que está creciendo en paralelo al aumento del tráfico aéreo.
En ese escenario, el proyecto de ley aparece como una respuesta necesaria, pero aún en construcción. La decisión final estará en manos del Congreso, que deberá definir si Colombia da un paso hacia sanciones más estrictas o si mantiene un sistema que, hasta ahora, ha demostrado ser insuficiente frente a este tipo de conductas.