Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
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Los combates entre grupos armados ilegales en el sur de Bolívar completan más de dos semanas de intensidad, dejando a su paso comunidades confinadas, desplazamientos forzados y una creciente crisis humanitaria.
Aunque el Ejército ya hace presencia en la zona, los enfrentamientos persisten y han alterado la cotidianidad de miles de personas en municipios como Montecristo y Santa Rosa del Sur.
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Según organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en la región, los choques armados se deben a disputas territoriales entre el ELN y el Clan del Golfo, principalmente por el control de rutas del narcotráfico, economías ilegales y zonas estratégicas para la movilidad de tropas.
Las autoridades locales aseguran que, un factor que genera enfrentamientos en la región, es la guerra por el control del oro que es extraído de manera ilegal de la serranía de San Lucas.
El sur de Bolívar es una región históricamente golpeada por la violencia, con una ubicación geográfica que facilita el paso hacia el Magdalena Medio y la frontera con Antioquia. En este momento, la confrontación ha recrudecido, afectando principalmente a veredas rurales donde la presencia institucional es débil.
El ejército hace presencia en la zona para retomar el control del territorio. Colprensa
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas advirtiendo sobre la grave situación humanitaria. Al menos 5 mil personas están confinadas y 400 familias han sido desplazadas hacia cabeceras municipales o zonas menos expuestas al fuego cruzado.
Niños, mujeres embarazadas, campesinos y pueblos indígenas han solicitado ayuda urgente ante la escasez de alimentos, medicamentos y agua potable. Líderes sociales denuncian que la situación podría empeorar si no se toman medidas estructurales para frenar la violencia.
El Ejército Nacional ha desplegado tropas adicionales para tratar de retomar el control y garantizar la seguridad de la población civil. Helicópteros, patrullajes terrestres y puestos de control han sido instalados en puntos estratégicos, aunque los combates continúan en zonas de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa indicó que se adelantan operaciones ofensivas contra los grupos armados ilegales, pero también reconoció la complejidad del terreno y la presencia de minas antipersonal, que dificulta el accionar militar. 6 uniformados han resultado heridos en la zona.
Distintas organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con el fin de garantizar el ingreso de ayuda y la activación de rutas de atención a víctimas.
Mientras tanto, las comunidades siguen a la espera de una intervención integral que no solo frene los combates, sino que garantice el respeto a la vida, la permanencia en el territorio y la recuperación de derechos fundamentales.
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