Justicia Penal Militar investiga bombardeo ordenado por el presidente Petro en Guaviare

La Justicia Penal Militar y Policial anunció este lunes la apertura de una investigación por presunto exceso de la fuerza en el bombardeo contra una estructura de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, en zona rural de Calamar, Guaviare.

La operación, ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro, dejó 19 integrantes del grupo armado muertos, entre ellos siete menores de edad reclutados forzosamente, según denunció la Defensoría del Pueblo.

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El organismo judicial señaló que la investigación busca “verificar si el ataque se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado”. El anuncio se hizo a propósito de la muerte de 7 menores de edad en medio del operativo, 4 de sexo femenino y 3 masculino.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó su “profunda preocupación” por las muertes confirmadas e instó a las Fuerzas Militares a “adoptar todas las precauciones posibles” para proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados.

El presidente Petro defendió la operación alegando que buscaba impedir una emboscada contra un grupo de soldados.

De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare.

Debo responder unas críticas infundadas y mostrar lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre el menor combatiente.

No es cierto que rompí el principio de…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2025

La posición del ministro de Defensa Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las críticas asegurando que el operativo fue planeado y ejecutado bajo estrictas normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según dijo, las Fuerzas Militares actuaron “en legítima defensa, bajo información precisa de inteligencia y siguiendo los protocolos establecidos para operaciones aéreas en zonas con presencia de estructuras armadas”. Sánchez agregó que el Estado “no puede renunciar a la obligación de neutralizar amenazas activas contra la población y la Fuerza Pública”.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Colprensa

Katherine Miranda anuncia moción de censura en el Congreso

Sin embargo, las explicaciones no frenaron la ola de reacciones. La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que presentará una moción de censura contra el ministro Sánchez, a quien responsabiliza políticamente por la muerte de los menores. “El país no puede normalizar operativos que resultan en niños muertos. Esto exige responsabilidades y cambios inmediatos”, afirmó. La iniciativa podría convertirse en uno de los debates más tensos del actual periodo legislativo.

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El bombardeo se dirigió contra una facción liderada por alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país. El episodio añadió una nueva capa de controversia a la seguridad en Colombia y a la estrategia militar del gobierno, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En 2019, un caso similar llevó a la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero, un antecedente que la oposición ya trae de vuelta al debate político.

Mientras avanza la investigación y se multiplican las reacciones nacionales e internacionales, el gobierno enfrenta una de las crisis más delicadas de su mandato en materia de derechos humanos y control militar.