Gobierno cambiaría reglas en contratación laboral: empresas y trabajadores, impactados con decreto
El decreto del Gobierno cambiaría la tercerización laboral, obligando a las empresas a contratar directamente a empleados con funciones clave.
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para hacer un anuncio de alto impacto este 1 de mayo en Medellín, en el marco del Día del Trabajo. Se trata de un paquete de medidas laborales que incluye dos decretos, uno de ellos enfocado en cambios estructurales a la tercerización en el país.
La iniciativa, según Blu Radio, que viene siendo trabajada por el Ministerio del Trabajo, apunta a redefinir hasta dónde pueden llegar las empresas en el uso de intermediarios laborales y contratos externos, especialmente en actividades consideradas centrales dentro de su operación.
¿Qué pretende este decreto?
El borrador del decreto establece una línea divisoria entre lo que se considera actividad misional y lo que no. Bajo esa lógica, las empresas no podrían delegar a terceros aquellas funciones que hacen parte de su núcleo productivo o de su razón de ser.
En la práctica, esto implicaría cambios importantes en sectores como la salud, la educación o la industria. Por ejemplo, dice el medio que publicó la información, en un hospital, el personal médico o de enfermería no podría estar vinculado mediante cooperativas o empresas intermediarias, al ser considerados parte esencial del servicio.
En contraste, actividades complementarias como logística, alimentación o servicios generales sí podrían seguir siendo contratadas de forma externa, siempre que no hagan parte del objeto principal de la organización.
Otro de los puntos clave del decreto es la llamada “solidaridad de empleador”. Con este mecanismo, la empresa principal no quedaría exenta de responsabilidad si la firma intermediaria incumple con obligaciones laborales. Esto significa que, si un trabajador contratado mediante una tercerizadora ve vulnerados sus derechos o si la empresa intermediaria desaparece, la compañía contratante deberá responder por esas obligaciones.
El Gobierno ha defendido que la medida busca cerrar vacíos legales que han permitido abusos en esquemas de contratación flexible, mientras que sectores empresariales advierten que podría generar mayores cargas operativas y jurídicas.
Minuto60 consultó con el Ministerio del Trabajo detalles de este borrador de decreto y solicitó pronunciamiento oficial, sin obtener respuesta alguna hasta el momento.
¿Se aviva otra polémica para el Gobierno?
La discusión sobre la tercerización no es nueva en el país. Ya había sido uno de los puntos más controvertidos en la fallida reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que no logró avanzar en el Congreso. Ahora, el Gobierno opta por avanzar mediante decreto, lo que abre un nuevo capítulo en el debate entre formalización laboral, flexibilidad empresarial y protección de derechos de los trabajadores.
En ese proyecto de reforma laboral, se incluyó cambios relevantes sobre la tercerización laboral en Colombia, con el objetivo de limitar su uso en actividades consideradas esenciales dentro de las empresas. La propuesta buscaba que las funciones misionales no pudieran ser delegadas a terceros, sino ejecutadas directamente por trabajadores vinculados a la organización.
Uno de los ejes centrales del proyecto era restringir la contratación mediante intermediarios en los casos donde exista una relación laboral real. La iniciativa planteaba que, si hay subordinación, horarios definidos y continuidad en la labor, el vínculo debía reconocerse como contrato laboral formal, con todas las prestaciones de ley.
La reforma también reforzaba la responsabilidad de las empresas principales frente a los trabajadores tercerizados. En ese sentido, se contemplaba la figura de solidaridad de empleador, lo que implicaba que la compañía contratante respondiera por los derechos laborales en caso de incumplimientos por parte de las firmas intermediarias.
Aunque la tercerización no quedaba prohibida en su totalidad, el proyecto sí buscaba establecer límites más claros para evitar su uso como mecanismo de precarización laboral. Este punto generó un fuerte debate entre el Gobierno, que defendía la medida como una herramienta de formalización, y los gremios empresariales, que advertían posibles impactos en costos y flexibilidad de contratación
