Filtración de 5.000 videos íntimos en Sincelejo: abogado explica delitos que afrontarían responsable
Minuto60 consultó al abogado penalista Francisco Bernate, quien explicó qué delitos y penas podrían enfrentar los responsables de la filtración.
La filtración de más de 5.000 fotos y videos íntimos de mujeres en Sincelejo sigue generando indignación en Colombia y abrió un intenso debate sobre los alcances de la violencia digital y las sanciones que contempla la legislación para quienes estén detrás de la divulgación del material.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables, Minuto60 consultó a Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, quien explicó cuáles son los delitos que podrían configurarse en este caso y las penas que enfrentarían quienes participaron en la obtención y difusión del contenido.
¿Qué delitos podrían configurarse?
De acuerdo con Bernate, la difusión de imágenes íntimas sin autorización constituye una conducta de alta gravedad desde el punto de vista penal.
En diálogo con Minuto60, el abogado explicó que "este tipo de situaciones son extremadamente serias en Colombia, a pesar de lo cual la reglamentación es muy incipiente". Según detalló, el solo hecho de divulgar material íntimo obtenido de manera privada podría constituir el delito de violación de datos personales, contemplado en el Código Penal colombiano.
El hecho de que personas hayan tomado imágenes íntimas de ellas y las hubiesen divulgado en la red social Telegram y X constituye, cuando menos, un delito de violación de datos personales que tiene una pena de prisión efectiva de entre cuatro y ocho años.
Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario
El experto agregó que, por tratarse de imágenes de carácter íntimo, también podría configurarse otro delito. "Sin perjuicio de que también el que se trate de imágenes íntimas permite hablar del delito de injuria por vías de hecho, que ese sí tiene sanciones menores, pero es otro delito que ahí se comete", indicó.
Las declaraciones del abogado cobran relevancia en medio de un caso que ha despertado preocupación por el uso de plataformas digitales para vulnerar la intimidad de cientos de mujeres.
Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Tomada de redes sociales
Si hubo hackeo, las penas serían mayores
Bernate explicó que la investigación deberá establecer cómo fueron obtenidas las fotografías y videos que terminaron circulando en canales de Telegram.
Si las imágenes fueron extraídas mediante accesos ilegales a dispositivos o cuentas privadas, podrían configurarse delitos adicionales.
Si se accedió a estas imágenes de una manera fraudulenta, se ha cometido el delito de acceso abusivo al sistema informático, que precisamente sanciona a aquella persona que accede a teléfonos, computadores, tabletas, redes o nubes privadas y que tiene igualmente pena de entre cuatro y ocho años de prisión.
Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario
El penalista añadió que la gravedad aumentaría si las autoridades logran demostrar que existía una estructura organizada dedicada a obtener, almacenar y distribuir este tipo de material.
"Ahora, si ya estamos hablando de una red organizada, estructurada, pues estamos obviamente hablando de un delito de concierto para delinquir que ya tiene penas muchísimo más elevadas".
Para Bernate, la respuesta de las autoridades es fundamental no solo para llevar a los responsables ante la justicia, sino también para frenar la circulación del material. "Lo cierto es que las autoridades deben adelantar investigaciones rigurosas. Son conductas muy graves, no solamente para sancionar a los responsables, sino para evitar la difusión", afirmó el abogado penalista en diálogo con Minuto60.
#IMPORTANTE. Una joven abogada, víctima de la filtración de videos íntimos en una comunidad de Telegram, anunció acciones legales contra los inescrupulosos que difundieron el material sin consentimiento.
— 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) July 25, 2026
Esos “MACHITOS” deben ser judicializados! pic.twitter.com/PQxbcCyvxp
El Estado puede frenar la circulación del material
El abogado también señaló que existen mecanismos tecnológicos y judiciales para intentar detener la propagación de este tipo de archivos en internet.
En conversación con Minuto60, Bernate afirmó que las autoridades cuentan con herramientas para intervenir cuando se detectan contenidos que vulneran derechos fundamentales. "Existen vías técnicas a través de las cuales el Estado puede evitar la difusión o la circulación de ese tipo de imágenes y considero que eso es igualmente muy importante."
El experto insistió en que la prioridad debe ser proteger a las víctimas, impedir la revictimización y perseguir penalmente a quienes compartan el material, incluso si no fueron quienes inicialmente lo obtuvieron.
Así ocurrió la filtración que conmocionó a Sincelejo
El caso salió a la luz luego de que decenas de mujeres denunciaran la existencia de canales y grupos de Telegram donde fueron publicados más de 5.000 fotos y videos íntimos sin autorización.
Según las denuncias conocidas, desde febrero varias víctimas comenzaron a recibir mensajes anónimos en los que les exigían dinero para evitar que el contenido fuera divulgado. Quienes no pagaban o no podían hacerlo terminaban viendo sus imágenes publicadas junto con información personal como nombres completos, enlaces a perfiles en redes sociales y mensajes ofensivos.
La situación se extendió rápidamente a plataformas como Facebook y X, donde numerosos usuarios solicitaron enlaces para acceder al contenido, incrementando la revictimización de las afectadas.
Una de las mujeres que hizo pública la situación fue Isabella Ariza, quien aseguró mediante un video que también fue víctima de la filtración y anunció que varias afectadas trabajan en una denuncia penal colectiva. "También fui víctima, con un grupo de mujeres activas estamos recolectando los datos pertinentes para instaurar la denuncia colectiva penal", expresó.
Tras la magnitud del caso, la Gobernación de Sucre rechazó categóricamente la difusión del material y calificó los hechos como una grave manifestación de violencia digital contra niñas, adolescentes y mujeres.
Asimismo, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional acelerar las investigaciones para identificar a los responsables y recordó que puso a disposición de las víctimas la línea "Yo Sí Te Creo" (320 587 4422) para brindar acompañamiento jurídico y psicológico.
Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para no descargar, almacenar ni compartir las imágenes filtradas, advirtiendo que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento puede constituir un delito y agravar la situación judicial de quienes participen en su propagación.
