La reciente deportación de más de 600 ciudadanos colombianos desde cárceles de Ecuador ha desencadenado una nueva tensión diplomática entre ambos países, dejando al descubierto no solo la fragilidad de los protocolos bilaterales, sino también profundas diferencias sobre el enfoque de los derechos humanos y el manejo de la seguridad interna. Mientras el Gobierno de Daniel Noboa insiste en que las expulsiones se realizaron bajo estricta legalidad y con respeto al debido proceso, Colombia denuncia una decisión unilateral que no respetó las mínimas condiciones de dignidad y coordinación internacional.La raíz de esta situación se encuentra en la crítica crisis carcelaria que atraviesa Ecuador. Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia, su administración ha buscado descongestionar los centros penitenciarios, muchos de los cuales están bajo el control de bandas criminales y presentan hacinamientos alarmantes. En ese contexto, la deportación de ciudadanos extranjeros, especialmente colombianos, se ha convertido en una estrategia del gobierno ecuatoriano para liberar espacio en sus prisiones y reducir tensiones internas.Deportación masiva de colombianos presos en Ecuador. Crédito - X: @CancilleriaColSegún el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, las expulsiones han sido ejecutadas conforme al “marco normativo vigente y las obligaciones internacionales”. En un comunicado oficial, Quito rechazó categóricamente las acusaciones de deportaciones colectivas y defendió que cada uno de los casos fue evaluado de forma individual por la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, respaldado por resoluciones judiciales y boletas de excarcelación emitidas por jueces especializados. Además, el Gobierno ecuatoriano aseguró que desde el pasado 8 de julio ha mantenido comunicación oficial y constante con el Consulado de Colombia en Quito, a través de canales diplomáticos. De esta forma, argumenta que las deportaciones fueron notificadas y no constituyen un acto sorpresivo ni arbitrario. La visión desde ColombiaEl Gobierno colombiano, sin embargo, ve las cosas de otro modo. A través de la Cancillería, denunció que las deportaciones se realizaron sin previo acuerdo bilateral, lo que representa, una “acción unilateral” y un “gesto inamistoso” que vulnera los principios de cooperación regional. La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se trasladó personalmente al Puente Internacional de Rumichaca para supervisar la llegada de los connacionales y constatar el estado de los procedimientos.Canciller (e) Rosa Villavicencio en recorrido por el Puente de Rumichaca. Crédito - X: @CancilleriaColDe los más de 800 colombianos que han sido expulsados, hasta el momento han ingresado oficialmente cerca de 450 al país. Sin embargo, Colombia advierte que solo ha recibido los antecedentes judiciales de 348 de ellos, lo que genera incertidumbre sobre la situación legal de los restantes. En este sentido, la Cancillería colombiana envió una nota verbal solicitando con urgencia la documentación faltante, y ha pedido que se garantice la transparencia en todo el proceso.Lo que más ha irritado a Colombia es que, según afirma, hizo “respetuosas y reiteradas solicitudes” para acordar una operación conjunta, segura y ordenada. No obstante, estas peticiones fueron, aparentemente, ignoradas por el gobierno ecuatoriano. Respuesta humanitaria y despliegue interinstitucionalAnte la inesperada llegada de cientos de ciudadanos deportados, el Gobierno colombiano activó un plan humanitario en la frontera. Se desplegó un equipo interinstitucional compuesto por la Cancillería, Migración Colombia, la Fiscalía, la Policía Nacional y autoridades locales del departamento de Nariño. También se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales. Este operativo tiene como objetivo garantizar condiciones mínimas de dignidad: hospedaje temporal, alimentación, transporte a sus destinos finales y atención médica básica. Además, se está realizando una verificación de identidad y revisión de antecedentes judiciales, fundamental para evaluar caso por caso y definir las situaciones jurídicas de cada persona.La Cancillería de Colombia, liderada por la ministra encargada Rosa Villavicencio, no solo activó un equipo interinstitucional en la frontera para atender a los connacionales, sino que también emitió una nota de protesta formal calificando la decisión de Ecuador como un “gesto inamistoso”. Según el comunicado oficial, Quito desatendió las “respetuosas y reiteradas solicitudes” de Bogotá para establecer un protocolo que garantizara un traslado digno y ordenado. Al iniciar las deportaciones sin este acuerdo, se entorpece la plena identificación de los ciudadanos, la verificación de su situación jurídica y se incumplen principios esenciales del derecho internacional, como la prohibición de expulsiones colectivas. ¿Una estrategia de seguridad o una crisis diplomática?Más allá del choque diplomático, esta situación plantea interrogantes de fondo. ¿Es la deportación masiva una medida legítima de política interna para enfrentar una crisis carcelaria? ¿Hasta qué punto debe primar la soberanía frente a los principios de cooperación internacional y protección de derechos humanos?Deportación masiva de colombianos presos en Ecuador. Crédito - X: @MigracionColDesde Quito, la administración de Noboa considera estas acciones como parte de una política soberana para restaurar el control del sistema penitenciario, una de las principales promesas del presidente ante la violencia creciente vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. El problema es que el peso de esa política ha recaído en ciudadanos extranjeros, sin una coordinación efectiva con sus países de origen.Para Colombia, en cambio, el enfoque de Ecuador carece de humanidad y rompe con los principios de respeto mutuo y buena vecindad que deben regir las relaciones bilaterales. La falta de información clara sobre los procesos judiciales y la ausencia de un protocolo común agravan la percepción de que se trató de una acción precipitada. Diálogo, tensiones y llamados al derecho internacionalAmbos gobiernos han manifestado, al menos en el plano diplomático, su disposición al diálogo. Pero el escenario actual exige algo más que declaraciones: se requiere una mesa binacional de emergencia para revisar los protocolos migratorios, establecer mecanismos de repatriación ordenada y asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.Puesto de Mando Unificado en Rumichaca. Crédito - X: @CancilleriaCol La canciller colombiana ha reiterado que Colombia respeta la soberanía ecuatoriana, pero también recordó que la cooperación internacional no puede depender de actos unilaterales que pongan en riesgo la dignidad humana. Por su parte, Ecuador insiste en que su accionar se ha apegado a la legalidad y se ha desarrollado dentro del marco del derecho internacional.En el fondo, este episodio revela un problema común en América Latina: la falta de mecanismos sólidos y eficaces de cooperación migratoria y penitenciaria. Si bien ambos países han tenido relaciones históricamente estables, situaciones como esta pueden erosionar la confianza mutua y generar tensiones innecesarias en un momento que exige precisamente lo contrario: diálogo, coordinación y respeto.