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Contraloría detectó irregularidades por $ 9.000 millones en contrato de vivienda rural

Fotografías repetidas, coordenadas coincidentes y falta de soportes de seguridad social fueron halladas en revisión del contrato de vivienda rural.

Contraloría General detectó hallazgos fiscales en contrato de vivienda rural. - Crédito: Contraloría General de la República, sede principal en Bogotá.
Oscar Repiso
Oscar RepisoPeriodista
17 NOV 2026 - 14:43Actualizado: 17 NOV 2026 - 14:58

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La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en un contrato de consultoría por $ 9.000 millones que suscribió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2025 con el Consorcio AUDIVIV. El acuerdo tenía como propósito verificar el estado del programa de subsidios de vivienda rural que otorgó y operó el Banco Agrario de Colombia entre 2000 y 2017.

A través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, el organismo de control validó un hallazgo con incidencia fiscal por el valor total del contrato, además de presuntas incidencias disciplinaria y penal. Entre los aspectos que llamaron la atención de los investigadores están las inconsistencias encontradas en las actas de las visitas de campo y los registros fotográficos utilizados para respaldar la ejecución de la consultoría.

Según informó la Contraloría, el consorcio reportó un total de 12.089 visitas de campo. De estas, 6.499 se habrían realizado únicamente durante noviembre de 2025, lo que representa un promedio aproximado de 217 visitas diarias en zonas rurales dispersas del país. Para la entidad, este volumen genera dudas razonables sobre si las actividades se desarrollaron en las condiciones y los tiempos reportados.

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Ministerio de Agricultura, entidad relacionada con el contrato de vivienda rural bajo revisión de la Contraloría.

¿Qué irregularidades encontró la Contraloría?

Durante la revisión de 9.636 actas, la Contraloría identificó 1.105 grupos de fotografías idénticas, que aparecían en 2.571 documentos. Esto significa que aproximadamente una de cada cuatro actas examinadas contenía imágenes repetidas.

Uno de los ejemplos señalados por el organismo de control corresponde a la fotografía de un baño que apareció en 21 actas diferentes, relacionadas con registros de 10 departamentos. Esta situación generó cuestionamientos sobre la autenticidad de los soportes utilizados para demostrar las visitas y las condiciones de las viviendas rurales inspeccionadas.

A las inconsistencias fotográficas se sumaron los problemas con la ubicación geográfica de los registros. La entidad encontró que 4.509 actas, equivalentes al 46,7 % de las revisadas, tenían coordenadas exactamente coincidentes.

Entre los casos identificados se encuentra un mismo punto geográfico que se repitió en 80 actas correspondientes a cuatro municipios del Huila. Otro registro apareció en 42 documentos asociados con los departamentos del Tolima y Amazonas.

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¿Qué pasó con los aportes a seguridad social?

La Contraloría también validó un segundo hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con los soportes de los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la consultoría.

De acuerdo con la revisión, el consorcio reportó 97 personas como parte del equipo técnico y de apoyo. Sin embargo, para 63 de ellas no se encontraron soportes individuales que acreditaran los aportes correspondientes.

Por esta razón, el organismo de control dispuso el traslado de la información a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad que deberá establecer si las obligaciones relacionadas con estos pagos fueron cumplidas.

La ausencia de los documentos en la revisión no significa, por sí sola, que los aportes no se hayan realizado. Será la UGPP la encargada de verificar la situación y determinar si existieron incumplimientos.

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La Contraloría identificó fotografías repetidas y coordenadas coincidentes en miles de actas revisadas durante la inspección de viviendas rurales. Tomada de redes sociales

¿Qué consecuencias tendrá el hallazgo fiscal?

Tras validar los hallazgos, la Contraloría indicó que las presuntas incidencias disciplinaria y penal serán trasladadas a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes, de acuerdo con sus funciones.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura deberá ajustar su plan de mejoramiento para atender las observaciones formuladas por el organismo de control.

El hallazgo fiscal por $ 9.000 millones corresponde al valor total del contrato de consultoría suscrito con el Consorcio AUDIVIV. Las posibles responsabilidades individuales y las consecuencias jurídicas de las situaciones identificadas deberán establecerse en los procedimientos que adelanten las entidades competentes.

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