Temblores ONG hace advertencias por visita de Marco Rubio y acuerdo militar entre Colombia y EE. UU.
La ONG consultó al Consejo de Estado y confirmó que el Gobierno Nacional no ha hecho consultas sobre un eventual tránsito de tropas extranjeras.
Un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos que busca luchar contra la criminalidad sigue en expectativa. Tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, se esperaba conocer más detalles de un acuerdo que se habría logrado entre ambos países, pero hasta el momento se desconoce que hay detrás.
“Nosotros podemos abrir una base militar, hay que invitarnos a hacerlo, hay que estudiar a ver si eso es factible, hay que también en muchos casos esas bases son bases en común (…) Así que, si eso se propone, si eso se ha discutido, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas y que nos hayan pedido eso y obviamente el Departamento de Guerra de Estados Unidos tiene que estudiar también si es factible, cuál sería el costo y todo lo demás”, señaló Marco Rubio en su visita a Colombia.
Lo manifestado por el funcionario estadounidense no está lejos de la realidad, pues en Colombia se debe consultar al Congreso de la República, al Consejo de Estado y además, contar con el aval de la Corte Constitucional para que se permita el tránsito de tropas militares extranjeras en Colombia.
Temblores ONG consultó al Consejo de Estado e indagó si el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella había hecho alguna consulta al alto tribunal con relación al tránsito de tropas de los Estados Unidos en territorio colombiano. También consultó al Senado de la República y a la propia presidencia. No todas las entidades respondieron.
¿Qué se sabe del acuerdo de cooperación militar?
Minuto60 habló con Sebastián Lanz, codirector de Temblores ONG, quien indicó que es un tema que despierta preocupación en el marco de la defensa de los derechos humanos, razón por la cual han hecho consultas para determinar los alcances que tendría el acuerdo de cooperación militar.
“El 12 de agosto conocimos por boca y por palabras del secretario de Guerra de los Estados Unidos por parte del señor Peter Hegseth que había anunciado en ese momento que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas en el suelo del territorio colombiano para combatir el llamado narcoterrorismo”, indicó Lanz para contextualizar de dónde surgieron las inquietudes.
Sostuvo que se busca establecer si el gobierno nacional ha surtido el trámite constitucional colombiano para permitir la eventual participación de fuerzas militares extranjeras en operaciones dentro del territorio nacional. “Por eso enviamos un derecho de petición al Consejo de Estado para preguntarle si el gobierno había consultado previamente, tal como lo establece el artículo 237 de nuestra Constitución, sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras y específicamente sobre este anuncio de operaciones conjuntas con los Estados Unidos”, explicó Lanz.
En su respuesta el Consejo de Estado respondió que no encontró ninguna solicitud del gobierno nacional relacionada con dichas operaciones. En tal sentido, la ONG quiere que el gobierno explique qué fue lo que se autorizó y cuál será el rol de las fuerzas militares estadounidenses y bajo qué fundamento constitucional van a operar en el suelo colombiano.
“Nosotros insistimos en que la cooperación internacional y la lucha contra el narcotráfico no permiten automáticamente saltarse la Constitución. El gobierno tiene que explicar bajo qué fundamento constitucional autorizó estas operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y qué participación, sobre todo, tendrán las fuerzas estadounidenses en las operaciones que adelantan las fuerzas públicas colombianas”, dijo el codirector de Temblores ONG.
Textualmente el Consejo de Estados les respondió: “No se encontraron solicitudes dirigidas a esta Corporación mediante las cuales se haya requerido la emisión de conceptos en relación con el ingreso, tránsito o permanencia o participación de tropas extranjeras en territorio colombiano, ni específicamente respecto de eventuales operaciones militares conjuntas entre Colombia y los Estados Unidos”.
Lanz indicó que el Senado, ni la Presidencia de la República han respondido a los cuestionamientos relacionados con el eventual acuerdo de cooperación militar entre ambos países. Además, aclaró que no se está cuestionando que el Gobierno Nacional coopere con el gobierno de los Estados Unidos, “lo que estamos cuestionando es que se haya autorizado operaciones militares conjuntas dentro del territorio nacional con las fuerzas de los Estados Unidos sin haber surtido ese trámite constitucional que está previsto dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.
Añadió que tampoco se está poniendo en duda que se trate de un problema burocrático, solo que para que se puedan alcanzar este tipo de acuerdos se requiere de unos requisitos y controles constitucionales que aparentemente no se estarían dando, al menos, hasta que se conozca de fondo cómo se está negociando, entre otras razones porque se trata de la soberanía colombiana.
“Primero que todo, es un principio de transparencia, no solamente con su electorado, sino con toda la población colombiana acerca de estos anuncios. Pero, por otro lado, también surge un interrogante grande y es por qué estamos enterándonos de operaciones de esta magnitud por parte de agencia o representantes de otro Estado, en este caso el de los Estados Unidos”, explicó Lanz.
¿Podría haber inmunidad para militares de Estados Unidos?
Sebastián Lanz respondió a la inquietud que días atrás planteó Minuto60 cuando se conoció el eventual acuerdo de cooperación militar y que tiene que ver con la jurisdicción encargada de juzgar a militares de los Estados Unidos que eventualmente cometan algún delito en territorio colombiano.
“Esa es la gran pregunta que nosotros también hicimos en esa petición que elevamos y esas preguntas que surgen cuando uno piensa que va a haber presencia no solamente con fines de cooperación militar, sino con fines de operaciones conjuntas, que es la gran diferencia y es cuál va a ser la jurisdicción que los va, pues digamos, ante quién responden, cuál es esta cadena de demanda, qué pasa si existen eventuales abusos”, explicó Lanz
Agregó que todo esto ocurre en un contexto preocupante para la ONG, porque se trata de una “retórica de un tema armamentista y bélico del actual gobierno” que parecería estar privilegiando respuestas militares frente a los problemas de seguridad, narcotráfico e inclusive del reciente terremoto.
