Congresistas del Caribe se van contra la CREG por penalización al consumo de energía

Congresistas de la región Caribe han manifestado públicamente su descontento con la nueva medida de penalización al consumo de energía que, según advierten, podría afectar económicamente a los usuarios de la Costa colombiana.

De acuerdo con integrantes de la bancada regional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estaría desconociendo las condiciones climáticas y las necesidades particulares de las comunidades que habitan esta zona del país.

Ante este panorama, los representantes a la Cámara por el Atlántico Gonzalo Baute y Samir Radi, así como el senador Camilo Torres, anunciaron que promoverán un debate de control político para discutir las resoluciones expedidas por el organismo regulador y los efectos que podrían generar sobre los usuarios.

Los congresistas cuestionan que la regulación contemple cobros adicionales para quienes superen determinados niveles de consumo, teniendo en cuenta que, según sostienen, las condiciones climáticas del Caribe hacen que el uso de energía sea mayor que en otras regiones.

¿Qué cuestionan los congresistas?

Entre los principales reparos planteados por los congresistas del Caribe está la supuesta falta de consideración de las particularidades del consumo energético de la región.

Aunque reconocen la necesidad de adoptar medidas de ahorro ante la crisis asociada al fenómeno de El Niño, sostienen que las condiciones de vida de los habitantes de la Costa son diferentes debido a las altas temperaturas que se registran durante buena parte del año.

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En ese sentido, consideran que la regulación de la CREG que establece penalizaciones y permite aplicar recargos a determinados usuarios no habría tenido suficientemente en cuenta las características climáticas del Caribe colombiano.

El argumento de los congresistas se fundamenta en que el elevado consumo de electricidad en la región respondería, en parte, a una necesidad asociada a las condiciones geográficas del territorio.

Estos señalaron que las altas temperaturas y la sensación térmica, que en algunos sectores puede alcanzar los 40 grados centígrados, hacen que elementos como los sistemas de climatización tengan un uso frecuente en los hogares.

Por esta razón, consideran que establecer sanciones tomando como referencia los niveles históricos de consumo podría generar consecuencias económicas para las familias que requieren utilizar estos equipos para afrontar las condiciones de calor.

El debate de control político buscará analizar precisamente estos efectos y determinar si la regulación adoptada por la CREG contempla de manera suficiente las particularidades del Caribe.

La discusión tendrá lugar en la Comisión Quinta del Senado de la República. Para este espacio serán citados representantes de la CREG, del Ministerio de Minas y Energía y de XM, administradora del mercado eléctrico colombiano.

¿Cuál fue la medida de la CREG?

A partir del 1 de septiembre de 2026, la CREG implementó, mediante una resolución, un plan orientado a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño a través de mecanismos relacionados con el consumo de energía eléctrica.

La iniciativa establece consecuencias económicas para los usuarios cuyo consumo supere el 110 % del promedio de referencia establecido.

De acuerdo con la información suministrada, quienes superen ese límite podrían recibir cobros adicionales en sus facturas de energía.

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La disposición tendrá una vigencia de seis meses y contempla recargos diferenciados según el estrato socioeconómico.

Para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el porcentaje establecido es del 30 %, mientras que para los estratos 4, 5 y 6 corresponde al 50 %.

Esta disposición es precisamente uno de los puntos que genera preocupación entre los congresistas de la región, quienes consideran que las condiciones utilizadas para establecer los niveles de consumo podrían no reflejar las necesidades reales de los hogares del Caribe.

Organizaciones de usuarios también cuestionan la decisión

A las críticas de los congresistas se sumó la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, organización que calificó la iniciativa como “inoportuna” y cuestionó la necesidad de implementar un nuevo mecanismo de este tipo.

Según la organización, en Colombia ya existe una legislación relacionada con el uso eficiente y responsable de la energía, por lo que considera que las autoridades deberían fortalecer las estrategias existentes antes de implementar nuevas medidas de penalización.

También es inoportuna pues en Colombia existe la Ley URE hace años, para producir hábitos de consumo o Uso Racional de Energía. O sea, que es una campaña constante y no de reacción precipitada por presencia de un fenómeno a resolver en lo inmediato,

Liga de Usuarios de Servicios Públicos.

La organización también calificó la disposición como “injusta y desproporcionada”, debido a la metodología utilizada para establecer el promedio de referencia a partir del cual se determina si un usuario debe asumir un cobro adicional.

Según la Liga, la regulación utiliza como referencia el promedio de consumo de los últimos 12 meses para establecer la meta sobre la que se aplican los incentivos y las sanciones.

La organización considera que esta metodología podría resultar desfavorable para los habitantes del Caribe, debido a que toma como referencia periodos en los que las condiciones de consumo pueden ser menores que las registradas durante las temporadas de temperaturas más elevadas.

El cuestionamiento se centra, por tanto, en la necesidad de que las condiciones climáticas de cada región sean consideradas dentro de las políticas destinadas a promover el ahorro energético.

Ante este panorama, tanto los congresistas del Caribe como las organizaciones de usuarios han pedido reconsiderar la resolución expedida por la CREG y revisar los efectos que tendría sobre los hogares de la región.

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