Cerca de 1.000 defensores de DDHH perdieron la vida en Colombia entre 2016 y 2025, según la ONU
El alto nivel de impunidad y la presencia limitada del Estado agravan la situación de defensores en territorios críticos.
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, Colombia ha registrado un preocupante número de ataques contra quienes defienden los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó este jueves que un total de 972 defensores han sido asesinados entre 2016 y 2025, lo que representa un promedio cercano a 100 muertes anuales.
¿Por qué Colombia sigue siendo peligrosa para los defensores?
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de “desgarrador” que Colombia continúe siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta labor. Según el informe, más del 70 % de los homicidios fueron cometidos por actores armados no estatales, involucrados en actividades como narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y trata de personas.
El informe destaca además que entre 2016 y 2025 se registraron 2.018 amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, aunque esta cifra representa solo una parte de la magnitud real del fenómeno.
Tras el acuerdo de paz, la violencia ha aumentado progresivamente debido a disputas territoriales de grupos armados que buscan controlar áreas previamente dominadas por la guerrilla y donde el Estado aún no ha logrado consolidar su presencia.
Impacto en comunidades vulnerables
Entre 2022 y 2025, se documentaron 410 homicidios de defensores, de los cuales 171 eran campesinos, 95 indígenas y 42 afrodescendientes. Este patrón refleja cómo la violencia afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales y grupos étnicos, dejando ver la vulnerabilidad estructural de quienes defienden derechos fundamentales en zonas con alta presencia de crimen organizado.
Medidas del Gobierno y retos pendientes
Aunque el Gobierno colombiano ha implementado medidas para proteger a las personas defensoras, la ONU alerta que la violencia persiste. El informe señala que los altos niveles de impunidad y la corrupción continúan siendo factores que alimentan estos ataques, y que aún queda mucho por hacer para garantizar una protección efectiva.
La situación refleja un desafío complejo: consolidar la paz, proteger a los defensores y garantizar que el Estado mantenga presencia suficiente en territorios estratégicos para prevenir la violencia. La ONU insta a fortalecer políticas de prevención y a asegurar justicia para quienes han sido víctimas, destacando que proteger los derechos humanos sigue siendo una prioridad urgente para Colombia.
*Con información de AFP.
