'Hackers del Mundial': robaron $ 6.500 millones a gigantes de las telecomunicaciones en Bogotá
Cayó red ilegal integrada por funcionarios de empresas de comunicaciones. Operaban mediante un fraude informático y suplantación.
Servicios de internet de alta velocidad, televisión por cable y plataformas de streaming con un descuento del 50 por ciento sobre el valor comercial real. Esta tentadora oferta fue el motor de una sofisticada red criminal que logró defraudar a las principales compañías de telecomunicaciones de Colombia por una cifra superior a los 6.500 millones de pesos.
Lo más sorprendente para los investigadores judiciales es que el cerebro de la operación no estaba conformado por hackers externos, sino por antiguos asesores comerciales e impulsadores de las mismas marcas afectadas.
Estos individuos conocían a la perfección los procesos internos y las vulnerabilidades de los sistemas de información, lo que les permitió orquestar un desfalco masivo que tuvo su mayor auge durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026.
¿Cómo lograron estos exempleados infiltrarse?
La organización delictiva no necesitó de complejos códigos de programación para entrar en las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones. El método utilizado fue la suplantación de identidades digitales de analistas de perfilamiento comercial de alto nivel.
"Estas personas habrían aprovechado el vínculo laboral que tendrían con esta prestigiosa empresa colombiana", afirmó el Teniente Coronel Adrián Vega, Jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Al poseer información privilegiada sobre quiénes manejaban las credenciales de administrador, los delincuentes alteraron técnicamente correos electrónicos y números telefónicos para tomar el control de 23 perfiles de usuario con privilegios elevados.
Una vez dentro del sistema, los capturados tenían la capacidad de modificar registros de deudas, borrar carteras morosas y, lo más grave, cambiar las tarifas de los servicios vigentes para favorecer a sus clientes ilegales.
Esta maniobra técnica les permitió crear una suerte de empresa paralela que operaba desde la clandestinidad pero utilizando la infraestructura legal de los gigantes de las telecomunicaciones. La investigación determinó que los implicados no tenían originalmente perfiles de administrador, pero mediante el engaño y la manipulación técnica lograron escalar sus permisos dentro de la red corporativa.
Parte de los 36 elementos materiales probatorios incautados por la Dijín. Policía Nacional
¿Cuál fue el alcance real del fraude en términos de equipos y servicios instalados?
Las autoridades establecieron que la banda logró captar a 931 clientes, a quienes instalaron un total de 1.500 servicios de telecomunicaciones de manera fraudulenta.
"Lograron expedir más de 6.000 servicios de telefonía móvil, fijo, streaming e internet", señaló el Teniente Coronel Adrián Vega al referirse a la magnitud de la operación ilegal. Para que estos servicios funcionaran, la organización debió entregar físicamente 3.664 equipos tecnológicos, entre los que se cuentan módems y codificadores de televisión de última generación.
Para dar una apariencia de legalidad a sus actividades, la banda utilizaba canales de difusión masiva como redes sociales y portales web, e incluso realizaba promociones directas en instituciones universitarias.
Además, contaban con dos establecimientos comerciales físicos ubicados estratégicamente en el sector de San Mateo, en Soacha, los cuales servían como fachada para atender a los interesados. El rastreo financiero permitió identificar 20 cuentas bancarias a través de las cuales se movilizaron más de 3.000 millones de pesos producto de estas ventas ilícitas.
¿Qué elementos encontró la Policía durante los operativos en Bogotá y Soacha?
La desarticulación de esta estructura criminal se produjo tras un año de labores de inteligencia y la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento en las localidades bogotanas de Fontibón y Usaquén, además de varios puntos en Soacha.
En estos lugares, los investigadores de la Dijín capturaron a Jairo Gómez, Juan Gordo, Renzo Ricaute y Wilder Gómez García. Durante los registros, se incautaron 36 elementos materiales probatorios que incluyen tres computadores portátiles, dos tabletas y diez teléfonos celulares que eran utilizados para gestionar los accesos abusivos a los sistemas.
Este vehículo de alta gama, avaluado en 180 millones de pesos, fue incautado por las autoridades. Hackers del Mundial
Uno de los hallazgos más relevantes fue un lector biométrico y ocho memorias USB que contenían bases de datos de los empleados suplantados. Así mismo, se encontró abundante material publicitario y documental que vincula directamente a los capturados con la venta de los servicios ilegales.
Como prueba del enriquecimiento ilícito, las autoridades incautaron un vehículo de alta gama, un BMW, valorado en 180 millones de pesos, el cual habría sido comprado con el dinero desviado de las empresas de telecomunicaciones. El análisis de los dispositivos móviles reveló conversaciones donde se coordinaba el intercambio de información técnica con otros posibles cómplices aún bajo investigación.
¿A qué penas se enfrentan los capturados tras la aceptación de cargos ante el juez?
La Fiscalía General de la Nación presentó a los cuatro detenidos ante un Juez de Control de Garantías para la respectiva legalización de capturas e imputación de cargos. "Esta organización estaría vinculada a este proceso penal por los delitos de uso ilícito de redes de telecomunicaciones, acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir", explicó el Teniente Coronel Adrián Vega durante el reporte oficial de los resultados. Además de estos delitos, se les imputó daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad industrial.
En una movida jurídica que busca beneficios procesales, los ciudadanos Jairo Gómez García y Juan Gordo Méndez decidieron aceptar los cargos imputados por el ente acusador. Tras evaluar la contundencia de las pruebas presentadas, el juez de la república dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad para tres de los procesados, la cual deberá cumplirse en sus lugares de residencia.
Por otro lado, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la organización INCOCRÉDITO continúan colaborando con la justicia colombiana para rastrear si existen ramificaciones de esta red en otros países o si el modelo de fraude ha sido replicado en otras industrias del sector servicios.
