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¿Militarizar Bogotá solucionaría la inseguridad? Expertos explican qué debería hacerse

La propuesta de llevar más militares a las calles abrió un debate sobre lo que realmente necesita la capital para enfrentar el crimen.

Expertos analizan la propuesta de militarizar Bogotá. - Crédito: Colprensa.
Alexander Gómez Naranjo
Alexander Gómez NaranjoPeriodista
01 OCT 2026 - 15:07Actualizado: 01 OCT 2026 - 17:48

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La discusión sobre militarizar Bogotá para combatir la inseguridad no es nueva, pero tomó fuerza nuevamente con las solicitudes hechas por personalidades como el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui para llevar más uniformados a sectores como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

Mientras la propuesta avanza en distintos escenarios, expertos en seguridad analizaron para Minuto60 qué hay detrás de este debate y qué implicaciones tendría.

¿Los militares ya están patrullando Bogotá?

La presencia de integrantes de las Fuerzas Militares en Bogotá no es nueva. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de la capital, sostiene que la ciudad ya cuenta con participación de la XIII Brigada en labores de seguridad.

Según Acero, en algunos casos estas acciones se desarrollan como asistencia militar solicitada por las autoridades distritales y, en otros, por iniciativa de la propia Brigada. Por eso, considera que el debate actual debe partir de reconocer cuál es realmente la presencia que ya existe y qué capacidad adicional podría tener la Fuerza Pública.

El experto también cuestiona la posibilidad de aumentar de manera considerable el despliegue militar, debido a las limitaciones de personal y a las diferentes operaciones que actualmente cumplen las Fuerzas Armadas en otras regiones del país.

¿Qué cuestiona Hugo Acero sobre la propuesta?

Acero señala que la XIII Brigada no tendría capacidad suficiente para asumir por sí sola la seguridad de grandes sectores de Bogotá.

El exsecretario pone como ejemplo localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, que concentran una población considerable. En su concepto, pretender que la Brigada pueda “copar” simultáneamente estos territorios supone desconocer las capacidades reales de las Fuerzas Militares.

También considera que el debate puede terminar concentrándose en la presencia física de uniformados, cuando el problema de seguridad requiere revisar otros componentes institucionales.

¿Qué dice Andrés Nieto sobre la seguridad de Bogotá?

Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, plantea que la discusión debe analizarse desde tres perspectivas: las cifras de seguridad, las funciones constitucionales de la Policía y el Ejército, y la existencia de una estrategia integral para enfrentar el crimen.

Nieto sostiene que Bogotá necesita una política de seguridad sostenida en el tiempo y no únicamente respuestas frente a hechos coyunturales. Para el experto, la lucha contra el crimen requiere coordinación entre las autoridades distritales, la Policía, los organismos de inteligencia, la investigación criminal y la justicia.

El objetivo, según explica, no debería limitarse a capturar individuos de manera aislada, sino avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales.

El analista reconoce que durante 2026 se ha presentado una reducción de los homicidios, después de años particularmente difíciles para la ciudad. También recuerda que Bogotá ha tenido experiencias en las que operaciones contra diferentes estructuras criminales permitieron obtener resultados.

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¿Qué podría aportar una presencia militar focalizada?

Marcela Parra, directora de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, recuerda que la asistencia militar existe desde hace varios años en Colombia y puede utilizarse de manera temporal ante situaciones de alteración grave de la seguridad y la convivencia, bajo coordinación con la Policía.

La experta señala que Bogotá ya ha contado con participación del Ejército en algunas operaciones de seguridad, particularmente en intervenciones especiales en sectores como San Bernardo y el Parque Tercer Milenio.

Sin embargo, Parra plantea que la pregunta central no debería ser únicamente si debe haber militares en las calles, sino dónde, durante cuánto tiempo y con qué objetivo se realizaría ese acompañamiento.

A su juicio, una presencia militar focalizada podría contribuir al control territorial, proteger puntos estratégicos y permitir que algunas capacidades policiales se concentren en otras tareas.

¿El Ejército podría solucionar el déficit de policías?

Parra señala que Bogotá enfrenta una limitación importante en materia de pie de fuerza policial. Según un informe distrital de 2025 citado por la experta, la ciudad tendría una tasa de 206 policías por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas entre las capitales del país.

En ese contexto, una participación temporal y focalizada de las Fuerzas Militares podría servir como complemento de la presencia policial en determinados lugares.

Pero la experta advierte que esto no significa que el Ejército pueda reemplazar las funciones que corresponden a la Policía ni que una mayor cantidad de uniformados resuelva por sí sola las causas del fenómeno criminal.

¿Más militares significan menos crimen?

Para Parra, este es uno de los principales puntos que deberían tenerse en cuenta en el debate.

La directora de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán considera que la presencia militar puede generar una mayor capacidad de control territorial, pero no necesariamente permite intervenir de fondo fenómenos como el microtráfico, la extorsión, el sicariato o los mercados ilegales.

Según su análisis, las Fuerzas Militares en las calles tampoco asumirían por sí solas las labores necesarias para investigar y desarticular las estructuras delincuenciales que están detrás de estos delitos.

Por eso, advierte que un aumento de la presencia armada podría traducirse en una mayor percepción de control en determinados sectores, pero no necesariamente en la desarticulación de las organizaciones criminales.

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Militares en las calles de Bogotá. Crédito: Colprensa.

¿Militarización y asistencia militar son lo mismo?

Este es uno de los puntos centrales del debate.

Nieto explica que la asistencia militar y la llamada militarización no son necesariamente conceptos equivalentes. La primera tiene un marco jurídico específico y permite que las Fuerzas Militares apoyen determinadas labores de seguridad en circunstancias excepcionales, mientras que la Policía conserva sus competencias propias.

La Constitución establece funciones diferenciadas para ambas instituciones. Mientras las Fuerzas Militares tienen como misión constitucional la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, la Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil encargado de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia.

Por eso, el aumento de militares en las calles no significa automáticamente que el Ejército pueda asumir las funciones propias de la Policía, especialmente aquellas relacionadas con investigación criminal y judicialización.

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¿Qué papel podría tener el Ejército en Bogotá?

Para Nieto, las Fuerzas Militares pueden cumplir funciones de apoyo a la seguridad, especialmente en tareas de presencia y acompañamiento, pero eso no reemplaza las capacidades policiales.

El experto recuerda que los patrullajes conjuntos entre militares y policías no son un fenómeno nuevo en Bogotá y que este tipo de apoyo se ha utilizado durante años.

Parra coincide en que la presencia militar podría tener una utilidad concreta si está delimitada territorialmente, tiene una duración definida y responde a objetivos específicos.

La discusión, por tanto, pasa por determinar qué tareas adicionales podrían asumir los militares sin trasladarles funciones que corresponden a otras instituciones.

¿Qué debería cambiar en la estrategia de seguridad?

Nieto considera que la ciudad necesita una estrategia coordinada que involucre a las diferentes instituciones del Estado.

Según su análisis, además de aumentar capacidades operativas, se requiere fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación con la justicia para atacar las estructuras completas detrás de los delitos.

La posición de Parra apunta en una dirección similar: una mayor presencia uniformada puede complementar el control territorial, pero no sustituye las capacidades necesarias para investigar y desarticular organizaciones criminales.

El debate, así, se desplaza de una pregunta sobre el número de uniformados a otra sobre qué capacidades necesita Bogotá para enfrentar las diferentes expresiones del delito.

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