Ley Rosa Elvira Cely: cumple 10 años, pero quedan desafíos

En el año 2012 Colombia se estremeció por la violencia que sufrió Rosa Elvira Cely, una vendedora de dulces y estudiante de bachillerato nocturno que fue encontrada luego de haber sido violada y torturada en el Parque Nacional de Bogotá. Un lamentable ejemplo de la crueldad de la que pueden llegar a ser víctimas las mujeres y que terminó haciendo eco en el Congreso de la República, tres años después.

En su honor, se aprobó la Ley 1791 que incluyó la tipificación de feminicidio, la cual penaliza los homicidios a mujeres cuando los motivos están relacionados con su condición de ser mujer o su identidad de género. Lo cual, dio herramientas para actuar y hacer un seguimiento exhaustivo de este tipo de casos.

En ese sentido, se ha venido haciendo un seguimiento a estos crímenes. Organizaciones sociales han creado espacios como el Observatorio Colombiano de Feminicidios. Este observatorio da a conocer mensualmente el número de casos que, para este año, con corte a mayo de 2025, ascienden a 362. Solo en mayo se registraron 86, siendo el número más alto si se compara con meses anteriores.

Antioquia y Bogotá son las regiones donde más se registraron estos hechos. Y entre esos 362 casos, 35 fueron contra mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras. Mientras se registraron 10 transfeminicidios. La cifra que maneja este observatorio desde 2017, es de 7.547 feminicidios.

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Para Danghelly Zúñiga, directora del Observatorio de Género y Diversidades de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, son varias las cosas positivas que se pueden destacar de esta normatividad. Entre ellas, los protocolos que determinan cómo debe actuar la Fiscalía y Medicina Legal y el enfoque de género en la formación de quienes realizan la representación legal y los fiscales que atienden los casos. Así mismo, el endurecimiento de las penas y las sanciones.

“Por un lado disuadir a los perpetradores con penas de 20 a 42 años y por el otro, busca hacer justicia brindándole a las familias y a las víctimas un marco legal más sólido. Integra además a la investigación los elementos contextuales que llevaron al crimen como un desenlace no deseado de relaciones asimétricas de poder, antecedentes de violencia de cualquier tipo (sicológica, física, económica, discriminación por identidad de género)”, explica.

Los desafíos  

Sin embargo, como las cifras los reflejan, la existencia de la norma no implica la eliminación de los crímenes y ahí está uno de los grandes desafíos: la impunidad.

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“El principal desafío es la persistencia de la impunidad, lo que evidencia que es necesario fortalecer en el campo judicial la investigación y la judicialización y en el campo social, la concientización sobre la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Se une a esto la falta de formación continua sobre la protección de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular”, señala.

Igualmente, explica que hay desafíos en la profundidad de la formación con perspectivas de género de quienes hacen parte de las entidades judiciales e investigativas. También, muchas oportunidades de mejora en la eliminación de las barreras para que las mujeres accedan a la justicia y en la unificación de los datos que se brindan desde las instituciones oficiales y las organizaciones sociales.

La ley cumple 10 años, pero todavía hay un gran camino por recorrer. Por ejemplo, en la inclusión de la perspectiva de género en las instituciones educativas. Una obligación establecida por la normatividad desde el año 2015.