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9 de agosto de 2025
Actualizado 1 de agosto de 2025 - 6:01 p. m.

Juez de la República habría reconocido fallas en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe

Las declaraciones las habría dado un juez de Control de Garantías en la audiencia de legalización, imputación y medida de aseguramiento en contra de ‘

Camilo Cruz

Periodista Digital

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La defensa de Miguel Uribe denunció penalmente a Augusto Rodríguez por posible omisiónCrédito: Colprensa

El pasado fin de semana, un juez de Control de Garantías legalizó la detención de ‘El Costeño’ señalado de coordinar la logística y de contactar a los involucrados, que participarían en el atentado en contra del senador Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones 'El Costeño' habría $1.000 millones, por parte de los autores intelectuales, para atentar contra la integridad del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático.

¿Fallas en la seguridad?

A pocos días de haberse cometido el atentado, el abogado de la familia de Miguel Uribe, Víctor Mosquera, radicó una denuncia en contra de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por las posibles fallas que habría tenido el esquema de seguridad el senador.

En esa denuncia, Mosquera denunció que días previos al atentado el número de escoltas de Miguel Uribe se habría reducido, incluso que un viaje que realizó a Cartagena el viernes anterior lo habría realizado sin acompañamiento de seguridad.

Justamente, luego de estas denuncias y en medio de la audiencia de imputación a alias El Costeño, nuevamente al abogado Mosquera reitera la posible evidencia de omisiones en la seguridad de Miguel Uribe y retoma unas declaraciones del juez de Control de Garantías que el proceso de legalización a Elder José Arteaga.

Determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado, es decir la UNP de este actual gobierno. El juez consideró que no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad por parte de esta entidad.

En sus declaraciones, Víctor Mosquera ratifica que se habrían presentado omisiones graves en la seguridad del precandidato y falta de protección que no respetaron los mínimos de seguridad para que pudiera ejercer sus derechos políticos.

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