¿Informe médico definirá el futuro político de Miguel Uribe?

Mientras el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se encuentra en proceso de rehabilitación médica tras el atentado del pasado 7 de junio en el barrio Modelia (localidad de Fontibón), el Consejo de Estado tomó una decisión que sacude aún más el escenario político: solicitó a la Fundación Santa Fe de Bogotá un informe detallado sobre su estado de salud actual. La petición está directamente relacionada con dos demandas de pérdida de investidura que podrían dejar a Uribe por fuera del Congreso.

La solicitud fue realizada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco de un proceso que avanza de forma acelerada y que ha adquirido notoriedad nacional no solo por la figura del investigado, sino también por el contexto de violencia y controversia que lo rodea.

¿Por qué es clave el informe médico?

El Consejo de Estado está evaluando dos demandas interpuestas por Carlos Alberto Sánchez Grass y por Iner Alonso Ramírez, quienes acusan a Miguel Uribe de haber utilizado su cargo como senador para realizar actos de campaña presidencial, incurriendo presuntamente en un abuso de función pública.

Uno de los puntos en disputa es si Uribe participó en actividades políticas que excedían su rol legislativo, incluyendo apariciones públicas, discursos y reuniones con tinte proselitista. Precisamente, una de esas actividades fue la reunión política en la que ocurrió el atentado que casi le cuesta la vida.

Comunicado Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa Crédito - X: @sinsergen

Por eso, la certificación médica, cuya entrega fue ordenada en un plazo de cinco días, será clave para determinar si el senador está en condiciones de participar o defenderse activamente en el proceso, o si su estado actual amerita suspensiones, aplazamientos o medidas especiales de protección jurídica.

El magistrado Álvarez Parra subrayó que, debido a la naturaleza reservada de los datos médicos, el documento deberá ser tratado con confidencialidad: se incorporará al expediente con estado de “reservado” en el sistema Samai, la plataforma oficial del alto tribunal.

Las demandas de fondo: ¿pierde la investidura?

Más allá del atentado, el proceso en el Consejo de Estado avanza con paso firme. Las demandas fueron radicadas por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen). Acusan al senador de haber cometido una falta ética y constitucional grave al beneficiarse de su investidura para lanzar su precandidatura presidencial, lo cual estaría expresamente prohibido por la ley electoral colombiana.

El escrito de subsanación presentado por el ciudadano Sánchez Grass, que es clave para avanzar en el estudio de fondo, motivó al magistrado ponente a solicitar la prueba médica, antes de tomar una decisión que podría cambiar el panorama electoral del país.

Miguel Uribe en la Convención de Asobancaria Crédito: Colprensa

Atentado e investigación criminal:

El atentado contra Miguel Uribe se produjo durante un encuentro político en Modelia, donde un menor de edad abrió fuego contra el senador. A la fecha, seis personas han sido judicializadas por el ataque, incluyendo a Cristian Camilo González, quien conducía la motocicleta utilizada en el plan de fuga.

En los últimos días, la investigación dio un giro inesperado: uno de los señalados como cerebros del atentado sería Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien años atrás habría trabajado como escolta de la pareja sentimental de ‘Iván Mordisco’, jefe máximo de las disidencias de las Farc. Según información en verificación por parte de las autoridades, tras el atentado, ‘El Costeño’ habría enviado a otra presunta implicada, alias ‘Gabriela’, al departamento de Caquetá, específicamente hacia zonas de fuerte influencia guerrillera como Belén de los Andaquíes y El Doncello.

Este posible vínculo con estructuras ilegales de alto nivel ha elevado el caso a categoría de seguridad nacional, sumando presión sobre el proceso judicial y político que enfrenta Uribe.

#Colombia | Cristian Camilo González Ardila fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y tráfico de armas de fuego.
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— minuto60.com (@minuto60com) July 22, 2025

¿Qué viene ahora?

En los próximos días, la Fundación Santa Fe deberá remitir la certificación médica, la cual será valorada en conjunto con otras pruebas decretadas por el alto tribunal. El proceso podría derivar en la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, lo que lo dejaría inhabilitado no solo para seguir en el Congreso, sino para aspirar a la Presidencia de la República.

Uribe, uno de los líderes visibles del Centro Democrático, fue jefe de debate en campañas pasadas y ha sido una de las voces más duras contra el gobierno Petro. Su caída, en caso de que se produzca, alteraría el equilibrio político del partido y la baraja presidencial de cara a 2026.

Por ahora, el país está a la espera de dos definiciones: la primera, en materia de seguridad, con los avances de la investigación criminal; la segunda, en el plano judicial y político, con una decisión que podría marcar un antes y un después en la carrera de uno de los senadores más mediáticos de Colombia.