Actualizado 1 de agosto de 2025 - 5:54 p. m.
Superindustria abre investigación a dos empresas constructoras por anticompetitivas
La entidad señaló a dos empresas del mundo constructor de, posiblemente, colaborar contra sus competidores para obtener contratos públicos.
Periodista Digital
Investigación de la SIC por anticompetencia en construcciónCrédito: Colprensa
La Delegatura de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación contra dos empresas que habrían colaborado para limitar la competencia en varios procesos de selección de contratistas en el mundo de la construcción.
Según la delegatura de la SIC, las empresas Uniobras de Oriente y Mamut Acero “habrían transgredido el régimen de libre competencia económica en materia de contratación estatal”, es decir, habrían incumplido las normas de competencia en proceso de licitación pública en el sector de la construcción al operar en conjunto pese a que se presentaron como empresas que competían.
En ese sentido, la SIC aseguró que obtuvo pruebas que demostrarían que “Mamut y Uniobras habrían aparentado ser agentes del mercado independientes, en los procesos de contratación de obras de infraestructura en los que participaban, cuando en realidad podrían estar actuando de manera coordinada”.
Durante esta etapa previa a la apertura de investigación, la entidad calculó que ambas empresas se presentaron a por lo menos 151 licitaciones entre 2021 y 2024 y, de ellos, en por lo menos 13 procesos habrían coordinado sus estrategias pese a presentarse como entidades independientes y que competían en el proceso.
“Esta estrategia estuvo dirigida a intentar obtener el mayor puntaje posible dentro de tres de los cuatro posibles métodos de calificación (media geométrica, media aritmética baja y menor valor)”, explicó la delegatura.
Además, según la entidad, se habría determinado “la posible presencia de ocultamiento de información por las empresas Mamut y Uniobras, lo cual habría afectado la confianza en los sistemas de información pública esenciales para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos de contratación estatal”.
Entre los hallazgos que motivaron la investigación, la SIC también destacó que las empresas habrían registrado direcciones inexistentes ante sus correspondientes cámaras de comercio, en las páginas web e incluso en los procesos de selección a los que se presentaron.
¿Qué sigue?
La Superintendencia adelantará la investigación, que podría incluir visitas a las empresas, y, si encuentra que efectivamente aplicaron técnicas anticompetitivas, podría aplicar sanciones por hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes o el equivalente al 150 % del dinero que recibieron las empresas como beneficio por las prácticas anticompetitivas.
También, podría sancionar a las personas de cada empresa que planearon, ordenaron y realizaron las acciones anticompetitivas.
Por su parte, las empresas pueden acudir al recurso de reposición y apelar la decisión de la Superindustria si lo consideran necesario.