¿Qué nexos han tenido la inteligencia colombiana y los militares con grupos armados ilegales? Hay casos clave

Que miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia estén teniendo una relación fraterna con las disidencias de las Farc es una situación que va en contravía de los objetivos de las Fuerzas Armadas; eso sin contar que la posible influencia del grupo ilegal en la campaña del presidente Gustavo Petro abre una ventana a un eventual caso de corrupción. Este panorama está resumido en el más reciente reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que destapó un escándalo de amplias proporciones.

Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, protagoniza el último escándalo de nexos entre militares y grupos armados ilegales. Créditos: Redes sociales

Sin embargo, no es la primera vez y, seguramente, no será la última que integrantes de la Fuerza Pública sean señalados por tener nexos con estructuras criminales. Desde los años 80, con el auge del narcotráfico, o a inicios del año 2000, con el fortalecimiento de grupos paramilitares, el vínculo cercano entre oficiales, directores y miembros del Estado con cabecillas de la ilegalidad ha sido una constante.

En esta fraternidad han estado bajo la lupa instituciones como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Las situaciones van desde apoyo a ataques contra figuras de la política nacional, espionaje y masacres de gran repercusión.

(Vea también: La DNI se desmarca de escándalo que protagoniza el director de Inteligencia, Wilmar Mejía: "Claridad y transparencia")

El caso del DAS

La entidad, creada con el objetivo de velar por el mantenimiento de la seguridad interior y exterior del Estado, se convirtió en una mina de nexos con la ilegalidad. Nombres como Jorge Noguera, Rafael García, Miguel Maza Márquez o María del Pilar Hurtado la llevaron a su inevitable desaparición en 2011, luego de una serie de escándalos que la hicieron perder credibilidad.

Maza Márquez y el magnicidio de Galán

El caso más famoso tuvo como protagonista al general Maza Márquez, quien fue director de la entidad. En 2016, la Corte Suprema lo condenó a 30 años de prisión por su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en 1989.

Se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos y, a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio.

Corte Suprema de Justicia

Además, la JEP lo convocó para que diera su versión sobre eventuales infiltraciones del DAS por organizaciones criminales y sobre su relación con grupos paramilitares, especialmente porque se documentan crímenes contra la Unión Patriótica durante su gestión.

Sumado a eso, el exdirector también fue acusado por el coronel en retiro Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, de haber sido un puente para una supuesta reunión entre la Policía y los paramilitares, que terminaría en la creación de Los Pepes.

Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto DAS y condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Crédito: Colprensa

Aguilar saltó a la fama por haber sido el hombre que habría ultimado al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en medio de un operativo del llamado Bloque de Búsqueda de la Policía, creado para dar con el tristemente célebre narcotraficante colombiano.

José Miguel Narváez, las AUC y el asesinato de Jaime Garzón

El exsubdirector de Inteligencia del extinto DAS tuvo conexiones cercanas con los paramilitares e, incluso, investigaciones de la Fiscalía determinaron que tuvo una “relación estrecha” con Carlos Castaño, uno de los jefes de las AUC.

Específicamente, en el caso de Jaime Garzón, Narváez fue uno de los condenados por el asesinato del periodista. En 2018, un tribunal lo condenó a 30 años de prisión y a pagar una multa de poco menos de 390 millones de pesos a la familia del comunicador. En 2021, la Corte Suprema confirmó una condena de 26 años y lo señaló de ser el “determinador” del homicidio.

José Miguel Narváez. Crédito: Colprensa

Con respecto a este caso, paramilitares como Salvatore Mancuso, señalaron a Narváez de influir directamente para que Castaño diera la orden de atentar contra Garzón. Los ‘paras’, con ayuda del DAS y del Ejército, obtuvieron información sobre los movimientos del periodista, los cuales sirvieron para llevar a cabo el crimen.

María del Pilar Hurtado y ‘las chuzadas’

Aunque María del Pilar Hurtado no ha sido señalada de tener nexos con grupos armados ilegales, sí se le recuerda por el escándalo de ‘las chuzadas’. Bajo su dirección, entre 2007 y 2008, el DAS espió a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, en un acto que la justicia consideró un abuso de poder.

En 2015, la funcionaria fue condenada a 14 años de prisión por concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones; pero tras las denuncias se exilió en Panamá, donde consiguió asilo político. Después de un tiempo se entregó y fue extraditada por un supuesto riesgo para su integridad.

María del Pilar Hurtado. Crédito: Colprensa

Jorge Noguera, Rafael García y las AUC

Jorge Noguera, director del DAS entre 2002 y 2005, y Rafael García, jefe de Informática de la misma entidad, bajo la dirección de Noguera, fueron cuestionados por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que los paramilitares obtuvieran información sobre personas que luego fueron atacadas o asesinadas.

Según la Fiscalía, Noguera “puso al DAS al servicio del Bloque Norte de las AUC”, liderado por Jorge 40, en un vínculo que entregaba información secreta a los paramilitares para llevar a cabo operaciones. Por su parte, García, como jefe de informática, permitió borrar o manipular registros para favorecer a miembros del grupo ilegal y narcotraficantes.

(Le puede interesar: Petro afirma que los reportes sobre Mejía y Huertas "son falsos" y cuestiona el informe periodístico)

Los militares al servicio de grupos ilegales

Además de las entidades de inteligencia, el Ejército también ha tenido miembros que han sido investigados o señalados por vínculos con grupos ilegales, sobre todo con colectivos paramilitares.

Jaime Humberto Uscátegui y la masacre de Mapiripán

Según información desclasificada de EE. UU., el general retirado fue investigado por complicidad en la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, recordada como uno de los hechos paramilitares más violentos del país.

Jaime Humberto Uscátegui. Crédito: Colprensa

Según Amnistía Internacional, hubo una relación entre las tropas del Ejército al mando de Uscátegui y los paramilitares, lo que llevó a facilitar la llegada del grupo ilegal al lugar. Es más, unidades de su jurisdicción habrían ignorado ataques y atentados de los paramilitares.

Tropas bajo el mando del general Uscátegui dieron la bienvenida a paramilitares que llegaron en avión al aeropuerto de San José del Guaviare, ayudándolos a cargar sus camiones.

Human Rights Watch

Del Río, Hernández López y los paramilitares

Dentro de los generales que también fueron señalados de nexos con grupos paramilitares aparecen Rito Alejo del Río y Rafael Hernández López. El comandante de la Brigada XVII y el mayor general de la II División estuvieron en la lupa de EE. UU. por “vínculos creíbles” con dichos grupos.

En el caso de Del Río, informes desclasificados aseguraron que ordenó a sus subordinados “cooperar con los paramilitares”, además de denuncias por desvíos de armas y por haber dado el visto bueno para la creación de las cooperativas Convivir, usadas por los ‘paras’.

Rito Alejo del Río. Crédito: Colprensa

Por su parte, Hernández López fue identificado como uno de los generales “creíblemente vinculados con paramilitares”, según reportes de inteligencia de EE. UU. Y también fue señalado por el ELN de paramilitar y de haber estado vinculado con narcotraficantes por la masacre de Riofrío, ocurrida el 5 de marzo de 1993 en el Valle del Cauca.

Rito Alejo del Río fue condenado por homicidio agravado a 26 años de prisión, por la muerte de Mariano López Mena, un líder campesino en el Chocó en el contexto de la Operación Génesis. En contravía, Rafael Hernández no ha sido condenado formalmente.

La Policía y sus manzanas podridas

La Policía Nacional tampoco se ha librado de vínculos fraternos con grupos paramilitares y, en la historia de la institución, existen algunos casos relevantes que han despertado denuncias y escándalos dentro del cuerpo de seguridad.

Danilo Alfonso González

El excoronel de la Policía Nacional y exdirector de inteligencia del Gaula fue señalado de tener alianzas con narcotraficantes al finalizar los años 80. Informes desclasificados describen que el funcionario se contactó con carteles como el de Cali o el del Norte del Valle para capturar a Pablo Escobar.

Además de eso, hubo acusaciones concretas de colaboración con paramilitares para asesinatos de políticos. Por ejemplo, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, declaró que González participó en el plan para asesinar a Álvaro Gómez Hurtado.

Mauricio Santoyo

El general retirado de la Policía Nacional y exjefe de seguridad presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se declaró culpable ante una corte de Virginia, en EE. UU., por “conspiración para proveer apoyo material” a las AUC. Según esa acusación, habría entregado información a paramilitares y a La Oficina de Envigado sobre operativos de inteligencia colombiana, británica y estadounidense.

Mauricio Santoyo. Crédito: Colprensa

Además, la Fiscalía General de la Nación lo acusó por la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos, en Medellín en octubre del año 2000; y ha sido investigado en la JEP por supuesto incumplimiento de su régimen de condicionalidad; es decir, las obligaciones que tiene para con la entidad.

La lista podría seguir y los casos podrían convertirse, fácilmente, en un libro de varios capítulos. Mientras tanto, las relaciones se mantienen, los escándalos siguen saliendo a la luz y la pregunta sobre la credibilidad de las instituciones queda en el aire.

Solo hay que esperar que la justicia actúe y que, como un ejemplo de lo que no debe pasar, las próximas noticias que se vean en televisión y se lean en la prensa no traten sobre masacres como la de El Salado, donde 450 paramilitares acabaron con la vida de 66 personas y el Ejercito no fue capaz de actuar.

La masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Crédito: Andrés Marín Martínez

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