Actualizado 1 de agosto de 2025 - 5:42 p. m.
¿Qué hay detrás de la liberación de los contratistas secuestrados en el Cauca?
El secuestro reaviva las alertas sobre el riesgo que enfrentan los funcionarios en territorios bajo control de grupos armados.
Periodista Digital
Momento de la liberación de los nueve contratistas secuestrados. Crédito: X: @MinInterior
El secuestro, atribuido a la columna móvil “Álex Gutiérrez” del Estado Mayor Central de las Farc-EP, ocurrió el pasado 17 de julio cuando los funcionarios se desplazaban por el río Micay hacia un encuentro con Juntas de Acción Comunal. Según las autoridades, el objetivo de la comisión era acercar la oferta institucional a comunidades apartadas del departamento, en una labor netamente humanitaria y de articulación con líderes sociales.
Las versiones enfrentadas sobre el secuestro
A través de un comunicado, el grupo armado ilegal justificó el secuestro señalando que los contratistas estaban entregando e instalando equipos de uso militar, específicamente inhibidores de señal, supuestamente destinados a derribar drones y afectar las comunicaciones de las comunidades en todo el Cauca. Según las disidencias, este equipamiento haría parte de una estrategia de apoyo al Ejército Nacional.
No obstante, la Gobernación del Cauca desmintió rotundamente estas afirmaciones, asegurando que el equipo de trabajo secuestrado realizaba una labor cívica de acercamiento estatal, sin ninguna implicación militar. “La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”, denunció el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien exigió respeto por la vida e integridad de sus funcionarios.
El secuestro de funcionarios y contratistas de la @GobCauca en López de Micay, mientras adelantaban una misión humanitaria, es un hecho que rechazamos categóricamente. No estaban en operaciones militares ni representaban amenaza alguna: llevaban oferta institucional a comunidades… pic.twitter.com/ulTTxYMpAJ
— OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) July 18, 2025
La mediación de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo
Durante el tiempo de cautiverio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo lideraron las gestiones humanitarias que permitieron el regreso con vida de los nueve trabajadores. Las primeras imágenes de los secuestrados se conocieron dos días después de su retención; en ellas, los funcionarios aparecían en una zona selvática, en condiciones aparentemente estables.
Primeras imágenes de los funcionarios liberados. Crédito: Defensoría del Pueblo
El Ministerio del Interior confirmó este viernes 25 de julio que todos los liberados se encuentran en buen estado de salud, tras más de ocho días retenidos. Las autoridades agradecieron la labor humanitaria de los organismos internacionales e insistieron en la necesidad de respetar el trabajo institucional en los territorios más golpeados por la violencia.
🚨Urgente | El Ministerio del Interior celebra la liberación de los nueve ciudadanos, funcionarios de la @GobCauca, quienes habían sido secuestrados en el municipio de López de Micay cuando atendían un encuentro con las juntas de acción comunal.
— MinInterior Colombia (@MinInterior) July 25, 2025
Según las primeras informaciones…
Quiénes eran los secuestrados
Los contratistas liberados fueron identificados como:
Eivar Alonso Guerrero Anaya
Sergio Andrés López Gómez
Angélica María Barona Maya
Paola Andrea Maca Chávez
Mónica Alexandra Bambague
Leydi Rocío Guengue
Manuela Caicedo Arango
Elizabeth Yangana
María Elizabeth López
Durante la semana de cautiverio, sus familias realizaron una velatón y marchas en el Parque Caldas de Popayán, clamando por la pronta liberación y exigiendo que el conflicto armado no continúe tomando como blanco a los funcionarios públicos.
Un Cauca en crisis por la violencia armada
Este secuestro se suma a una preocupante escalada de violencia que vive el departamento del Cauca, donde las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales como el ELN mantienen una intensa confrontación con la Fuerza Pública.
El 23 de julio, dos infantes de Marina resultaron heridos por un ataque con dron en Bocas del Río Micay, también en López de Micay.
El 13 de julio, un soldado murió y seis más resultaron heridos durante combates en el municipio de Suárez.
El 10 de julio, un artefacto explosivo instalado por el ELN en Almaguer casi acaba con la vida de una niña de 11 años y su padre, mientras se dirigían al colegio.
Estos hechos evidencian el creciente poder armado y tecnológico de los grupos ilegales en la región, y las complejidades que enfrentan las instituciones del Estado para ejercer su labor en zonas de difícil acceso, donde la línea entre la acción pública y el control armado es cada vez más difusa.
La liberación de los contratistas es un alivio momentáneo para sus familias y la institucionalidad caucana, pero también un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar su presencia integral en el departamento, proteger a los servidores públicos y retomar con fuerza las rutas de paz en territorios que siguen siendo epicentro de la guerra.