Festival de contratos previo a la ley de Garantías, ¿corrupción?

La Contraloría General reveló que antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías se firmaron contratos en el país por cerca de $ 9 billones, lo que pone en alerta a los organismos de control por posibles casos de corrupción. Sin embargo, y como se ha visto en el pasado, también se podrían desviar recursos con fines electorales.

Esto podría representar también riesgos de corrupción. Igualmente nos preocupa la magnitud de la contratación del DPS.

Transparencia por Colombia

La Organización Transparencia por Colombia dijo que la cifra entregada por la Contraloría es preocupante, porque desde hace años se ha evidenciado la necesidad de revisar de fondo esta situación. “En cada ciclo electoral se repite el mismo ‘estallido’ de contratación previo a su aplicación, lo que muestra un problema que aún no se resuelve”.

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Añadió que este comportamiento, previo a las elecciones presidenciales, legislativas o regionales “refleja fallas de planeación en las entidades públicas” y que además se trata de una improvisación que afecta la eficiencia en el gasto de los recursos y de paso abre la puerta a casos de corrupción.

“Esto podría representar también riesgos de corrupción. Igualmente nos preocupa la magnitud de la contratación del DPS (Departamento de Prosperidad Social) que alerta la Contraloría, pues es una entidad del corazón de la Presidencia de la República y por lo tanto estos datos necesitan un análisis más detallado y urgente”, señaló Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

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Alerta por los convenios y contratos interadministrativos

Hernández también llamó la atención por los convenios y contratos interadministrativos, una figura mediante la cual las entidades públicas suscriben un acuerdo generalmente con empresas de economía mixta, es decir, con capital público y privado, y esta última subcontrata a dedo con contratistas o empresas favorecidos en algunos casos sin la idoneidad o experiencia.

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Lo anterior, según la organización, debe estar bajo la lupa de los organismos de control; sin embargo, en algunos casos, estas empresas de economía mixta suscriben contratos con la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, logrando que en muchos casos no sean objeto de vigilancia, tal como ha pasado con las ya conocidas Empresas Industriales y Comerciales del Estado E.I.C.E., los Fondos Mixtos o las asociaciones municipales.

Esta figura contractual, que siempre pasa inadvertida, ha desangrado al país en materia de contratación, pero lo más grave es que las obras no se ejecutan o terminan convirtiéndose en elefantes blancos, en otras ocasiones se desarrollan sin la calidad que se requiere y los contratistas que finalmente las ejecutan son corruptos al servicio de dirigentes políticos interesados en quedarse con un porcentaje de los recursos.