Actualizado 4 de septiembre de 2025 - 8:08 a. m.
Militares fueron rociados con gasolina y les prendieron fuego
Ataque en Putumayo deja dos militares heridos con graves quemaduras: ofrecen $200 millones por responsables de ataque a militares
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
Los uniformados adelantaban un operativo antinarcóticos.Crédito: Colprensa
En la vereda Siloé, tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares legítimas contra las fuentes de financiamiento ilegal de grupos armados organizados, cuando se registró una asonada en la que un grupo de civiles atacó a los uniformados con fuego.
Durante los hechos, un oficial y un soldado profesional resultaron gravemente heridos al ser rociados con gasolina por habitantes de la zona. Ambos fueron evacuados de inmediato a un centro médico de Florencia (Caquetá), donde reciben atención especializada.
El Ejército Nacional calificó la agresión como una “flagrante violación a los Derechos Humanos”, recordando que las tropas cumplían su mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad.
#ComunicaciónOficial | La #Brigada27, unidad orgánica de @Ejercito_Div6, denuncia ante la opinión pública que:
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 4, 2025
1. En la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, #Putumayo, mientras tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares legitimas orientadas a… pic.twitter.com/DM9VrTjpvq
La institución denunció que el grupo armado organizado residual Comandos de Frontera, de las disidencias de las FARC, estaría detrás del constreñimiento a la población civil para obstaculizar la operación militar.
Como parte de las acciones legales, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
Actualmente ese grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional. Conocidos los hechos violentos en Putumayo, los negociadores del gobierno le exigieron al grupo armado un pronunciamiento sobre lo ocurrido.
Medio siglo de barbarie
Durante casi cinco décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevaron a cabo una ofensiva permanente contra la Fuerza Pública, convirtiéndose en uno de los principales factores de inestabilidad y violencia en el país. Policías y militares fueron blanco de emboscadas, secuestros, ataques con cilindros bomba y hostigamientos en estaciones y bases militares.
Entre los episodios más recordados se encuentran las tomas guerrilleras de los años noventa y principios de los 2000, cuando las FARC atacaron poblaciones enteras para golpear a la Policía y al Ejército. Municipios como Mitú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare) fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron cientos de uniformados muertos o en condición de secuestrados.
La guerrilla también recurrió a la instalación de campos minados y explosivos improvisados, lo que ocasionó un alto número de víctimas entre soldados y policías que realizaban operaciones de control territorial. Según cifras oficiales, más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública murieron a causa de acciones atribuidas a las FARC entre 1964 y 2016.
Los secuestros fueron otro de los métodos más utilizados por el grupo insurgente. Decenas de policías y militares permanecieron en cautiverio durante años en campamentos selváticos, en condiciones de hacinamiento y con graves afectaciones físicas y psicológicas.
Aunque con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 la mayoría de los frentes de las FARC dejaron las armas, su historial de ataques contra la Fuerza Pública sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano. Hoy, la discusión sobre la reparación a las víctimas y la no repetición continúa como parte esencial de la implementación del acuerdo.